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“En España hay una persecución al disidente”
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En un acto organizado este jueves en Madrid por la Plataforma por la Libertad de Información (PDLI), la periodista Virginia Pérez Alonso, presidenta de esta asociación, y los abogados Joan Barata y Carlos Sánchez Almeida han explicado las claves legales del “retroceso sin precedentes de la libertad de expresión en España”. Su intervención se ha centrado principalmente en la sentencia al rapero Valtonyc, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona a tres años y medio de cárcel. Valtonyc ha abandonado el país un día antes de que se cumpliese el plazo para que entrara en prisión.

Pérez Alonso ha solicitado que España cumpla con los estándares internacionales sobre libertad de expresión, donde se marcan los límites a este derecho fundamental. En su opinión, la sentencia a Valtonyc constituye una vulneración de los derechos fundamentales. “El Tribunal de Derechos Humanos ya ha fallado ante delitos de injurias a la Corona. En este país vamos a rebufo del tribunal, siempre por detrás”, ha declarado la presidenta de la PDLI.

En este mismo acto han presentado una Guía de emergencia sobre los límites a la libertad de expresión, en la que se establecen los límites aceptables a este derecho fundamental. En ella, desmontan muchos de los argumentos vertidos en las redes sociales a favor de condenas como la del rapero Valtonyc o las denuncias al actor Willy Toledo. También explican qué diferencias existen entre delitos como el de enaltecimiento del terrorismo o el de humillación a las víctimas frente a “discursos extremos, provocadores, e incluso ofensivos o de mal gusto, pero en definitiva desvinculados de toda actividad terrorista”.
No defendemos a su persona, sino a su libertad. La zafiedad y el fanatismo serán reprobables pero solo en regímenes autoritarios son actos criminales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reitera que en libertad tienen cabida inclas afirmaciones más chocantes y ofensivas.

— Joan Barata (@JoanBarata) 22 de mayo de 2018


Joan Barata, abogado experto en Derecho Internacional y exasesor de la OSCE sobre libertad de expresión, ha hecho hincapié en las fronteras de este derecho. “La libertad es la regla y los límites son la excepción. Estos se deben marcar de forma muy excepcional”, ha manifestado en reiteradas ocasiones. En su intervención ha insistido en la importancia legal del no derecho de las personas públicas a recibir un trato especial. Según el abogado, el derecho internacional no ampara de una forma particular a representantes públicos como el jefe del Estado. “Estas personas deben aceptar mayor nivel de crítica, de tal modo que determinadas expresiones pueden ser admisibles si están dirigidas a un jefe de Estado y quizá no lo estarían con el resto de ciudadanos. Se tiende a dar más protección a las figuras públicas cuando es al contrario”, ha asegurado Barata.

Finalmente, Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en Internet y redes sociales, ha centrado su intervención en la “intencionalidad” y la “peligrosidad” que suponen ciertas expresiones. “Si se penaliza a alguien por enaltecimiento del terrorismo se debe ser capaz de demostrar que hay un nexo entre las palabras y actos que se puedan llegar a cometer. Es decir, la persona debe tener la intención de producir o de generar actos terroristas. Si el GRAPO no existe, difícilmente alguien puede provocar que el GRAPO cometa un acto terrorista”, ha añadido Barata. “El mayor peligro de atentado al rey que puede cometer Valtonyc siendo frutero, sería tirarle un tomate”, ha ironizado su compañero Sánchez Almeida.

La PDLI ha hecho un llamamiento a personas del mundo de la judicatura, cultura, medios de comunicación y ciudadanía anónima para que se adhieran al Manifiesto en defensa de la libertad de expresión y creación y el derecho a la protesta para manifestar su rechazo a condenas como la del rapero Valtonyc.

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